Esta semana el Gobierno Nacional anunció que dejará de enviar a las provincias el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que constituye entre un 10% y un 20% del salario de lxs trabajadores de la educación. También aseguró que no girará los fondos correspondientes al Programa de Compensación Salarial Docente, establecido por la Ley de Financiamiento educativo, que reciben las provincias con menos recursos para garantizar el piso salarial que se define en la Paritaria Nacional Docente. Además, aún no se han girado a las partidas destinadas a reforzar los comedores escolares y la copa de leche para estudiantes de nuestro país; los fondos para programas educativos nacionales (como el pago de la 5ta hora para las escuelas primarias y Conectar Igualdad) y el Fondo de infraestructura escolar para la terminación de cientos de obras que se encuentran paradas.
Se trata de un golpe muy fuerte a los presupuestos de las provincias, al punto tal que 21 ministrxs de Educación, entre lxs que se encuentran 11 jurisdicciones gobernadas por el PRO y la UCR, presentaron una nota solicitando estos fondos dado que muchos no pueden hacer frente a estos recortes. Así, el Gobierno refuerza las desigualdades entre las provincias, acentuando la descentralización presupuestaria del sistema educativo iniciada con la ley de transferencia educativa de la Dictadura y profundizada por la Ley Federal menemista (1993).
Aumento encubierto del subsidio a la educación privada
En paralelo a estos recortes, el Gobierno prorrogó hasta fin de año la eximición para los colegios privados del pago de impuestos, y adelantó que en los próximos días se anunciará un mecanismo de asistencia financiera para ayudar a pagar la escuela privada. Cabe destacar que el año pasado, estas escuelas cerraron el año con una morosidad del 20%, con una baja en las inscripciones del nivel inicial del 15% y que este año, con la desregulación de las cuotas de las privadas y la profundización de la crisis económica, se espera un impacto mayor en estas empresas. Parece que, al final, el Estado sí puede intervenir para salvar a los privados.
Aumentos en la asignación de ayuda escolar
Asimismo, sincerando el impacto de la inflación de diciembre y enero, el gobierno anunció ayer el aumento de la asignación de ayuda escolar que los trabajadores en blanco con hijos en edad escolar y los beneficiarios de la AUH cobrarán en el mes de marzo. Se trata de una asignación especial, de $70 mil que se cobra a principio del ciclo lectivo y que tiene por objetivo ayudar a las familias a afrontar los gastos extras que supone el arranque de las clases y tratar de contener el descontento social.
¿Qué busca Milei con estas medidas?
En primera instancia, al igual que con la quita de los subsidios al transporte, estos recortes no hacen más que aumentar la presión presupuestaria y la conflictividad social sobre los gobiernos provinciales. Cumple así la amenaza que hizo Milei a los diputados y gobernadores que no acompañaron plenamente la Ley Ómnibus y pretende subordinarlos a través de los giros discrecionales.
Por otro lado, tan solo la derogación del FONID, implica un recorte del presupuesto educativo nacional del 14%. Esto le permite a Milei redireccionar ese dinero a otros sectores, como por ejemplo para aumentar los subsidios a la educación privada, presentándolo como ayudas a la clase media para pagar la escuela, y para pagar la partida presupuestaria extra que supone la Asignación de Ayuda Escolar.
Pero especialmente estas medidas buscan exacerbar la confrontación con los docentes de las escuelas públicas y a sus sindicatos, a los que intenta desacreditar, colocarlos ante la opinión pública como parte de la “casta” que lucha para “sostener sus privilegios” frente a “quienes quieren salir adelante de la mano del esfuerzo y el mérito” (http://tinyurl.com/2y23gym3). Esta confrontación tiene por objetivo profundizar la desvalorización social de la docencia y de la educación pública, buscando generar nuevos consensos sociales que le permitan a Milei avanzar en reformas educativas más profundas y en el recorte de derechos laborales fundamentales como el derecho a protesta. Cabe recordar que si bien la justicia acaba de suspender ese artículo del DNU, el Gobierno Nacional declaró a la docencia como un servicio esencial para limitar el derecho a huelga.
Para defender el salario docente y la escuela pública
En este contexto, la CTERA realizó el miércoles una conferencia de prensa en la que le exigió al Gobierno Nacional la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, el envío de fondos económicos para el FONID, el FONDO COMPENSADOR, los comedores escolares e infraestructura escolar. Asimismo, Sonia Alesso expresó la necesidad de una urgente recomposición salarial para lxs docentes y jubiladxs, dado que: “no hay aumentos desde noviembre, creció la inflación, los alquileres, hay tarifazos, aumentos de transportes…”. El próximo jueves se realizará un Congreso Extraordinario de la CTERA, en el que se definirán las próximas medidas, entre ellas, el posible no inicio del ciclo lectivo 2024. Los gremios docentes nacionales enrolados en la CGT (UDA, AMET, SADOP y CEA) se expresaron en el mismo sentido, planteando que “sin paritaria nacional docente no comenzarán las clases” e instando a lxs gobernadores a “defender la continuidad de la Paritaria Nacional”.
Los docentes nos preparamos para una lucha que será de largo aliento. Es fundamental conseguir la mayor unidad posible, tanto a nivel sindical como con las familias, para exigir que se efectivice el presupuesto necesario para que las escuelas puedan funcionar en condiciones, que ningún estudiante se quede sin comer y que el salario de lxs trabajadoras/es de la educación (que es una referencia para otrxs trabajadores) no pierda contra la inflación.
