El gobierno logró vetar la Ley de Financiamiento Universitario. Pero, lejos de cerrarse el asunto, la jornada del miércoles 9 cerró con tomas y vigilias en prácticamente todas las universidades nacionales. También volvieron los cortes de calles, que probablemente crezcan con el correr de los días. Ante un Congreso que dio groseramente la espalda al pueblo, el movimiento estudiantil, los docentes y no-docentes se radicalizan.
“Repudiamos a las y los diputados que votaron en contra del mandato popular de defender la universidad”, expresó el Frente Sindical de Universidades Nacionales –que integran Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Ctera, Fagdut, Fatun, UDA– en su inmediata convocatoria al paro. En abril, la enorme movilización en todo el país ya había evidenciado el fuerte apoyo social al reclamo universitario. Previo a la sanción de la Ley de Financiamiento se había protagonizado una nueva y masiva jornada nacional con movilización al Congreso. A todo esto, se suma las declaraciones como personas no gratas de los diputados que apoyaron el veto por parte del Consejo Superior de UNCuyo y del Consejo Directivo de Derecho de UNCo, para empezar. El clima es que la universidad pública está en peligro y que para defenderla hay que hacer todo lo posible.
La lucha presupuestaria nunca se redujo a la aprobación de una ley. Si el gobierno persiste en su plan de desangre de la universidad pública, tendrá que buscar mejores explicaciones o campañas de desprestigio frente a las protestas. Por ahora, sus denuncias de adoctrinamiento o malversación no resultaron para quebrar el sentimiento popular que identifica a la educación universitaria con posibilidades de futuro.
¿Argumentos?
En cuanto al discurso oficial, si el problema realmente fueran las auditorías, el gobierno debería comenzar por destrabar el nombramiento de los auditores de la Auditoría General de la Nación que corresponden a Diputados. Por otra parte, no puede haber mucho misterio sobre el 90% del presupuesto universitario que corresponde a salarios registrados, que están sufriendo un 35% de recorte real.
Otra mentira de Milei es que los pobres le estarían pagando la universidad a los ricos… Sin embargo, los datos dicen otra cosa: el 48,5% de los estudiantes inscriptos en 2024 son pobres (según CIN); 7 de cada 10 estudiantes son primera generación de universitarios; y los 2 millones de estudiantes de universidades públicas constituyen el 80% del total.
Más difícil aún es autojustificarse para los diputados infames que apoyaron el veto. El diputado del PRO Alejandro Finocchiaro afirmó que la Ley de Financiamiento Educativo rompería el equilibrio fiscal, le estaría dando un mal mensaje a los inversores y haría que suba el riesgo país y el dólar. En verdad, el Financiamiento equivalía al 0,14% del PBI mientras que la reducción de Bienes Personales que aprobaron con la Ley Bases equivale al 0,7%. En definitiva, el mensaje más claro fue para los estudiantes y para el conjunto del pueblo: no se puede esperar nada de este Congreso. ¡Todo un incentivo al conflicto social!
Bronca popular
La lucha universitaria puede arrancar conquistas pero por sí sola no puede torcer el rumbo de un plan económico, que es en definitiva el eje de la batalla popular. Sin embargo, el movimiento estudiantil siempre ha sido un catalizador de la conflictividad obrera y social. Mientras la mayoría de la cúpula de la CGT fue de visita a la Rosada, la lucha universitaria oxigena los conflictos obreros existentes. Es una fuerza social de 2 millones de estudiantes, a lo que se suman los docentes, los no-docentes y la expectativa que todas esas familias depositan en la formación superior. La traición del tercio infame en el Congreso más que resignación despertó la bronca.
Publicación original: https://cr-alfrente.org/la-universidad-publica-se-defiende/
