Repudiamos las suspensiones de las elecciones en Tucumán y San Juan por resolución de la Corte Suprema

No es la primera vez que la Corte Suprema resuelve sobre posibles candidaturas a gobernador y vice en alguna provincia. Sin embargo, lo novedoso y escandaloso de los casos de Tucumán y San Juan es la resolución de la Corte Suprema de suspender ambas elecciones. Para esto, dio a conocer su resolución a menos de una semana del acto electoral. Es decir: los tucumanos y los sanjuaninos no podrán elegir gobernador y vice este fin de semana por decisión del Poder Judicial central, modificando así el calendario electoral definido autónomamente por cada provincia y atentando contra el proceso electoral.

En el caso de San Juan, Sergio Uñac se presentaba para ser reelegido como gobernador. En el caso de Tucumán, Juan Manzur venía de ser gobernador y se presentó como vice. Los poderes judiciales de ambas provincias ya habían admitido ambas candidaturas. En otra ocasión, en el caso de la candidatura de Alberto Weretilneck en Río Negro, el juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz había afirmado que interpretar la constitución provincial era atribución de la justicia provincial. Ahora afirmó lo contrario, explicitando que utiliza la fundamentación jurídica que más le convenga en cada caso al grupo político que lo llevó a la Corte por decreto presidencial de Macri en 2016.

De esta forma, la resolución de la Corte Suprema atenta contra la autonomía de ambas provincias –que ahora deben esperar que la Corte dictamine cuándo podrían hacer sus elecciones para elegir gobernador y vice–, lastima al federalismo y vuelve a evidenciar su intencionalidad política de beneficiar a un sector de la oposición. Este accionar de la Corte no es al margen del juicio político que la tiene sentada en el banquillo de los acusados, dada las irregularidades que la involucran, además de los cuestionamientos por el 2×1 a genocidas, la asignación de coparticipación por fuera de lo resuelto por los poderes Ejecutivo y Legislativo, o la anulación de facto de la conectividad como servicio público esencial.