Finalmente liberaron a Eva Mieri, concejala de Quilmes que estuvo presa dos semanas por el escrache a la casa del provocador y cobarde diputado Espert. Previamente habían estado detenidos Alexia Abaigar y otros compañeros militantes. En el caso de Alexia, tras la resolución de su liberación por parte de la Cámara Federal de San Martín, la jueza Arroyo Salgado pretendió imponerle una caución (fianza) de ¡30 millones de pesos! Finalmente, la fianza debió ser reducida a dos millones de pesos. Las compañeras fueron procesadas por hechos que ni siquiera configuran un delito sino una contravención, pero esta jueza pretende acusarlos de amenazas agravadas, atentado al orden público e incitación al odio.
La desproporcionada saña de la jueza Arroyo Salgado (ex esposa del fiscal Nisman) contra la militancia opositora pone de relieve lo arbitrario que pueden ser las resoluciones judiciales, a la medida de determinados intereses y muy lejos de la lógica jurídica que deberían guiar a los jueces. Las resoluciones de Arroyo Salgado van en el mismo de los fallos “creativos” contra CFK, tras cuya prisión se produjo la provocación del diputado Espert. Sus cobardes declaraciones contra Cristina y su familia en la Universidad Católica Argentina fueron repudiadas en el mismo momento por parte del público, y luego cuestionadas por las autoridades de esa universidad. Luego siguió el escrache a su casa, que ahora la jueza considera como delito penal.
Eva, Alexia, su mamá y otros detenidos fueron tratados como presos peligrosos, con tratos denigrantes, haciéndolas “posar y desfilar” esposadas y parcialmente encapuchadas para fotos y videos que no sabemos qué función cumplieron más allá de la intimidación. Hay una saña particular contra las mujeres. La jueza se paseó por muchos medios de comunicación tratando de justificar sus arbitrariedades, limitadas parcialmente por la Cámara Federal de San Martín. En el mismo sentido, el gobierno viene haciendo uso forzado de las leyes para perseguir, como cuando mantuvieron detenidos por más de un mes a personas que estuvieron en las cercanías del Congreso cuando se aprobó la Ley Bases.
Ahora, ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, Mariano Recalde y Vanesa Siley –quienes integran ese organismo– presentaron un recurso por “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones” contra Arroyo Salgado, en el marco de la causa abierta tras el escrache a Espert. ¡Basta de persecusión!
